Lo que más nos preguntan.

Primero se revisa la documentación del inmueble, se fija una estrategia de precio, se prepara la comercialización, se gestionan visitas, se negocia la oferta, se firma un contrato de arras si procede y, finalmente, se eleva la compraventa a escritura pública ante notario.

Conviene reunir escritura de propiedad, DNI/NIE, recibo del IBI, certificado de eficiencia energética, cédula de habitabilidad si aplica, certificado de la comunidad, datos registrales, plano o superficie, recibos de suministros y, si hay hipoteca, certificado de deuda pendiente.

Sí, con carácter general debe estar disponible para anunciar y vender o alquilar una vivienda. Debe tramitarse por técnico competente y registrarse según el procedimiento aplicable en Cataluña.

Son una cantidad entregada para reservar la operación. En las arras penitenciales, si el comprador desiste puede perder lo entregado y si desiste el vendedor puede tener que devolverlas duplicadas, siempre según lo pactado en el contrato.

Las penitenciales permiten desistir en los términos pactados; las confirmatorias prueban la existencia del acuerdo; y las penales fijan una penalización por incumplimiento. Es importante redactarlas correctamente para evitar interpretaciones contradictorias.

Depende de lo pactado y de la normativa aplicable. De forma habitual, el comprador asume notaría de compraventa, registro e impuestos de adquisición, y el vendedor asume plusvalía municipal, cancelación registral de hipoteca si existe y su tributación por la ganancia patrimonial. Conviene revisar cada caso.

Normalmente debe analizar la ganancia o pérdida patrimonial en IRPF y la plusvalía municipal. Puede haber exenciones o reducciones en casos concretos, por ejemplo vivienda habitual con reinversión, mayores de 65 años o inexistencia de incremento de valor del terreno, si se cumplen los requisitos.

Debe comprobar titularidad, cargas registrales, situación urbanística básica, estado de ocupación, comunidad de propietarios, IBI, eficiencia energética, financiación, estado físico de la finca y correspondencia entre superficie, realidad y documentación.

Sí, pero debe revisarse el contrato de alquiler, la fecha, el régimen aplicable y los posibles derechos del arrendatario. También debe informarse correctamente al comprador de que adquiere la finca con arrendamiento vigente.

Porque un precio de salida razonado evita alargar la venta, reduce negociaciones innecesarias y permite defender mejor el valor ante compradores. La valoración debe tener en cuenta ubicación, estado, superficie, orientación, ascensor, demanda real, comparables y situación jurídica.

Es la gestión de inmuebles en alquiler para propietarios: contratos, cobro de rentas, actualización de importes, incidencias, reparaciones, relación con inquilinos, documentación, control de fianzas y seguimiento económico.

En contratos de vivienda habitual, la duración y sus prórrogas dependen de la LAU y de si el arrendador es persona física o jurídica. Antes de firmar conviene revisar la normativa vigente y la fecha exacta del contrato.

Sí. En arrendamientos urbanos la LAU prevé fianza legal: habitualmente una mensualidad en vivienda y dos mensualidades en uso distinto de vivienda. En Cataluña debe depositarse ante el INCASÒL por el arrendador.

Puede pactarse una garantía adicional, pero en vivienda habitual existen límites legales. Debe estudiarse el tipo de contrato, la duración pactada y la normativa vigente para no imponer garantías inválidas.

El propietario debe mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad, salvo deterioros imputables al inquilino. Las pequeñas reparaciones por desgaste del uso ordinario suelen corresponder al arrendatario, pero cada caso debe valorarse con pruebas.

No sin consentimiento del inquilino o autorización judicial, salvo situaciones excepcionales. Aunque el propietario sea titular del inmueble, la vivienda alquilada es el domicilio del arrendatario durante el contrato.

La actualización debe estar pactada y respetar los límites legales vigentes en cada momento. En zonas de mercado tensionado o contratos sujetos a normativa específica, debe revisarse el régimen aplicable antes de firmar o actualizar.

Lo aconsejable es actuar rápido: documentar la deuda, intentar una reclamación ordenada, revisar si procede requerimiento fehaciente y valorar acciones judiciales. La gestión temprana evita acumulación de deuda y problemas probatorios.

Debe identificar partes e inmueble, destino, duración, renta, fianza, garantías, suministros, gastos, conservación, prohibición o autorización de subarriendo, régimen de obras, comunicaciones, inventario y anexos obligatorios.

Debe existir una causa real de temporalidad y documentarse. No basta con llamar temporal a un contrato si en realidad cubre una necesidad permanente de vivienda. Una mala calificación puede generar conflictos y consecuencias legales.

Gestiona la economía de la comunidad, prepara presupuestos y liquidaciones, ejecuta acuerdos, coordina proveedores, atiende incidencias, asesora a la junta y ayuda a cumplir la normativa aplicable.

El presidente representa a la comunidad y suele ser un propietario. El administrador gestiona profesionalmente la finca si la comunidad lo nombra. Sus funciones son distintas, aunque deben coordinarse.

Debe celebrarse junta ordinaria para aprobar cuentas y presupuesto, y pueden convocarse juntas extraordinarias cuando haya asuntos que lo requieran.

Debe indicar comunidad, fecha, hora, lugar, orden del día y, cuando proceda, documentación económica o propuestas a votar. Los acuerdos relevantes deben figurar claramente en el orden del día.

En Cataluña y en régimen de propiedad horizontal, la morosidad puede limitar el derecho de voto en determinados supuestos. Conviene revisar la deuda, la forma de notificación y la normativa aplicable antes de la junta.

Es el porcentaje que corresponde a cada entidad dentro del inmueble. Sirve para repartir determinados gastos, computar cuotas y ponderar acuerdos cuando la ley o los estatutos lo exigen.

No siempre. Algunos gastos se reparten por coeficiente, otros por partes iguales o según estatutos, acuerdos válidos o grupos de gasto. La clave es revisar título constitutivo, estatutos y acuerdos comunitarios.

La comunidad debe aprobar y documentar la deuda, requerir el pago y, si no se regulariza, puede reclamar judicialmente. Una contabilidad clara y actas bien redactadas facilitan la reclamación.

Sí, si existe acuerdo comunitario y se cumplen las normas de protección de datos: finalidad de seguridad, cámaras en zonas comunes, información visible, acceso limitado a imágenes y evitar captar vía pública salvo franja mínima imprescindible.

Debe incluir fecha, lugar, asistentes y representados, cuotas, orden del día, acuerdos, resultados de votación, incidencias relevantes y cierre. Es mejor evitar afirmaciones técnicas si no existe informe profesional.

El propietario debe declarar los rendimientos del alquiler en IRPF o en el impuesto que corresponda. Pueden deducirse gastos necesarios y amortización si cumplen requisitos, y puede existir reducción cuando el inmueble se destina a vivienda habitual del arrendatario.

No. Desde la reforma de la Ley de Vivienda existen porcentajes distintos según fecha del contrato y requisitos como zona tensionada, bajada de renta, arrendatario joven o rehabilitación. Debe comprobarse el caso concreto.

Es el impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos. Suele afectar al vendedor, donante o heredero, según la operación. Si no hay incremento de valor puede estudiarse la no sujeción o impugnación.

En una vivienda usada, el comprador normalmente paga el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, además de gastos de notaría, registro y gestoría si se utilizan. Los tipos y bonificaciones dependen de la comunidad autónoma y circunstancias personales.

En obra nueva, normalmente se paga IVA y Actos Jurídicos Documentados, además de los gastos asociados a la compraventa e hipoteca si existe.

Se calcula la diferencia entre valor de transmisión y valor de adquisición, ajustando gastos e inversiones admisibles. Si hay ganancia, tributa en la base del ahorro salvo exención aplicable.

Puede estar exenta, total o parcialmente, si se reinvierte el importe obtenido en otra vivienda habitual dentro del plazo legal, o en supuestos específicos como mayores de 65 años respecto de su vivienda habitual, si se cumplen los requisitos.

Debe liquidarse el Impuesto sobre Sucesiones y, si procede, plusvalía municipal. Después, si se vende, habrá que calcular la posible ganancia o pérdida respecto al valor declarado o comprobado en la herencia.

Depende del tipo de actividad, del uso del inmueble y de si la operación está sujeta y no exenta de IVA. En alquiler de vivienda habitual, normalmente no se repercute IVA; en locales u otros usos puede ser distinto.

Porque la decisión puede afectar a IRPF, plusvalía, ITP, IVA, sucesiones, deducciones y plazos. Una revisión previa permite evitar errores, calcular costes y ordenar la documentación.

Administración de alquileres, administración de comunidades de propietarios, compraventa de inmuebles, fiscalidad inmobiliaria, seguros de la propiedad, mantenimiento y reparaciones con colaboradores de confianza y un servicio de Personal Shopper Inmobiliario para quien busca casa.

La oficina está en la calle Consejo de Ciento 306, 1º 1ª, 08007 Barcelona, entre Paseo de Gracia y Rambla Cataluña, en pleno Eixample barcelonés.

Es una empresa familiar fundada en 1969 por Herminio Martín Bocos, con trayectoria en gestión inmobiliaria y administración de fincas en Barcelona.

La gestión está liderada por Jesús Martín Martín, Administrador de Fincas colegiado 04804 y Agente de la Propiedad Inmobiliaria colegiado 2344, con apoyo administrativo y colaboración profesional externa.

Porque reduce errores, ordena documentación, mejora el seguimiento económico, profesionaliza la relación con inquilinos y proveedores, y ayuda a tomar decisiones con base legal y económica.

Depende del inmueble y del riesgo. Puede ser útil estudiar seguro de hogar, impago de alquiler, responsabilidad civil, defensa jurídica y coberturas específicas de daños. Lo importante es revisar exclusiones y requisitos.

Una comunidad debería revisar continente, responsabilidad civil, daños por agua, asistencia, defensa jurídica, elementos comunes, siniestros eléctricos y coberturas especiales según antigüedad y características de la finca.

Fotografías, fecha del incidente, descripción, datos de afectados, póliza, presupuestos, facturas, informes técnicos si existen y comunicaciones con vecinos o inquilinos.

Sin problema. Le atendemos en persona en el despacho o por teléfono, le explicamos cada documento con calma y, si quiere, vamos pasando a lo digital poco a poco. Nadie se queda atrás.

Cuando haya herencias, venta de vivienda alquilada, contratos antiguos, impagos, obras comunitarias, conflictos vecinales, fiscalidad relevante, alquiler temporal, límites de renta, ocupación o dudas sobre mayorías y acuerdos.